19 de Febrero de 2019

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad, durante el mes transcurrido entre el 17 de enero y el 17 de febrero se cometieron 154 homicidios dolosos en Veracruz.

A ese ritmo, el estado podría terminar el año con más de mil 800 asesinatos.

La demanda de acabar con la inseguridad ha sido uno de los motores de la alternancia política en Veracruz; ahí en dos años se votó dos veces por un cambio de partido en la gubernatura.

Llama la atención que ni un solo municipio del estado, el tercero en población y que se extiende 750 kilómetros a lo largo de la costa del Golfo de México, haya sido considerado para formar parte de las 17 regiones prioritarias en materia de seguridad, mismas que se anunciaron a principios de este mes.

Será coincidencia, pero ninguno de los estados gobernados por Morena –Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz– está en la lista de las zonas a las que fue enviado un contingente de 600 elementos federales cada una para tratar de abatir los índices delictivos.

Coatzacoalcos es uno de los municipios de Veracruz más golpeados por la violencia. En 2018 fueron asesinadas 160 personas. En el último mes ha habido 14 homicidios –de acuerdo con datos oficiales–, un promedio de uno cada dos días, mayor al del año pasado. Este fin de semana, centenares de habitantes de ese puerto se congregaron en el parque Independencia, vestidos de blanco, para demandar atención a la inseguridad.

También exigieron la renuncia del alcalde Víctor Carranza Rosaldo, compadre de Rocío Nahle, la secretaria de Energía. Carranza es militante de Morena, igual que el gobernador del estado, Cuitláhuac García.

Aunque van varias veces que los ciudadanos de Coatzacoalcos salen a manifestarse contra la violencia que asuela a su municipio, fue el asesinato de la joven empresaria Susana Carrera lo que detonó la actual ola de indignación.

Susana, su esposo Luis y sus tres hijos vivieron en la Ciudad de México hasta 2009. Decidieron mudarse a Coatzacoalcos, donde ella tenía familia, para buscar un lugar tranquilo, donde los niños pudieran ser más libres. Allí abrieron una franquicia de Greñitas, una estética infantil, que vendieron para fundar Pexaluminio, empresa dedicada a la compra-venta de ese metal.  

El miércoles pasado, descubrieron el cuerpo decapitado de Susana. Llevaba una semana secuestrada. Sus captores la interceptaron cuando iba a recoger a uno de sus hijos que se encontraba en casa de unos amigos. Quienes la asesinaron dejaron junto al cadáver un letrero en el que reclamaron al esposo de la empresaria no haber pagado el rescate (aparentemente 4 millones de pesos).

La noticia ha dado la vuelta al mundo. Ayer estaba entre los diez contenidos más leídos de la página web de la BBC, junto con la situación política en Venezuela, el meteórico ascenso de Yalitza Aparicio al estrellato y una nota sobre el pariente biológico más antiguo del ser humano.

“El brutal asesinato en México de una empresaria después de que su familia no pagara los 200 mil dólares que pedían sus secuestradores”, decía el titular.

La nota incluye una declaración del periodista local Ignacio Carvajal, quien afirma que los secuestros de mujeres se han vuelto comunes en Coatzacoalcos y son cada vez más violentos. “Que decapitaran a Carrera de esa forma tan brutal es una señal de los criminales hacia la sociedad para que no negocien los montos que se les piden” y paguen la cantidad que se les exige en un principio, apuntó.

Así están las cosas en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García pide a los ciudadanos que le tengan fe porque en dos años para su estrategia dará resultados.

La pregunta es si lo aguantarán sus gobernados.

La renuncia de Clara Torres Armendáriz, quien hasta la semana pasada era la encargada de Estancias Infantiles en la Secretaría del Bienestar, es la primera deserción en el gobierno federal. La expanista, originaria de Ciudad Juárez, decidió dejar el cargo el 12 de febrero, al darse a conocer la reducción presupuestal en esa área y por la forma en que se politizó el tema. “Me levanto del escritorio y me voy a la acción”, declaró tras de conocerse su renuncia. 

Los periodistas que se atreven a hacer preguntas incómodas durante las conferencias mañaneras en Palacio Nacional son blanco de ataques inmediatos en redes sociales por parte de usuarios anónimos. Los cuestionamientos al Presidente o a sus funcionarios son subidos a YouTube con comentarios denigrantes. La foto de una reportera fue intervenida para ponerle labios gruesos y una dona en la mano. “Chayotera de mierda”, la llamaron.