18 de Febrero de 2019

Decía el gran Pedro El Mago Septién que cuando un bateador está en dos bolas y dos strikes, con dos outs en la pizarra, se encuentra “en la cuenta que presagia ponche”.

Así está Petróleos Mexicanos: tibuteante en la caja de bateo, enfrentando a un tremendo serpentinero de la novena de Las Calificadoras. Desconcertado, por las dos rectas de fuego que le acaba de pasar el pitcher por el centro del plato. Distraído, por las señales incomprensibles que le envía el manager desde el dugout. El viernes pasado, Pemex abanicó con tal fuerza que –hubiera dicho Óscar El Rápido Esquivel– al público atrás de home por poco le da un resfriado. Mientras trataba de recomponerse del swing, escuchó al ampáyer cantarle el segundo strike.

A los analistas de las grandes instituciones financieras no gustó nada el plan de impulso de Pemex que anunció el viernes el gobierno federal con gran pompa y circunstancia.

“Segundo strike”, opinó Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, en obvia referencia al gusto del presidente Andrés Manuel López Obrador por el beisbol.

“El apoyo extraordinario a Pemex vuelve a decepcionar”, agregó. “El gobierno ha reiterado que la hacienda pública respalda a Pemex y no dudará en proveerlo de apoyo adicional. Para nosotros eso es muy decepcionante, pues hasta ahora el gobierno ha fallado en demostrar que tiene un plan de apoyo creíble para Pemex”. Igual reacción tuvo BBVA, que juzgó que las medidas anunciadas, para inyectar 107 mil millones de pesos en la empresa productiva del Estado, “no resuelven los problemas estructurales de Pemex”. Abundó: “Desde nuestro punto de vista, tales medidas son insuficientes para resolver los dos grandes problemas estructurales de Pemex: el excesivo endeudamiento y el declive de la producción petrolera (…) Se gana tiempo con el apoyo financiero que recibirá la empresa por parte del gobierno federal, pero su calificación crediticia continúa en riesgo”.

Apenas el 29 de enero, la agencia Fitch Ratings había reducido las calificaciones crediticias de Pemex, dejándolas apenas por encima del grado de inversión, aludiendo a factores como su estrecho vínculo con el gobierno, la reducción de inversiones en exploración y su baja producción.

Aunque en un primer momento el presidente López Obrador desacreditó a la calificadora –acusándola de hipócrita, por no haber sido tan severa en su análisis de Pemex durante los sexenios anteriores–, la empresa respondió dos semanas después al reporte de Fitch argumentando que no tenía relación alguna con la política o acciones emprendidas por el actual gobierno, como si eso la pusiera a salvo de cualquier riesgo.

Pese a todo lo anterior, el fin de semana pasado se dio a conocer que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados prepara una iniciativa de ley para dar al director de Pemex mayor control sobre la empresa y sus subsidiarias (Excélsior17/II/2018). De acuerdo con la nota de mi compañera Vanessa Alemán, el proyecto de dictamen de la Comisión de Energía pretende establecer un marco jurídico que garantice que el Ejecutivo federal, a través del titular de Pemex, dirija, ejecute, administre y opere de manera integral para cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación, “que mandata el interés nacional”.

Estas modificaciones implican aligerar la intervención del Consejo de Administración y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, retirando a estos facultades como establecer lineamientos relacionados con tabuladores y recursos humanos, así como fijar las políticas y bases generales para determinar el factor de rentabilidad con base en la cual Pemex y sus empresas participan en concursos para la adjudicación de contratos en exploración y extracción de hidrocarburos.

En días recientes, el gobierno ha emprendido una campaña en contra de organismos reguladores. Y aunque el presidente López Obrador había ofrecido no eliminarlos mediante reformas legales sino solamente controlarlos, la iniciativa aludida marcha en sentido contrario de esa promesa.

No olvidemos que en el Consejo de Administración de Pemex participa, además de los secretarios de Energía y Hacienda, un grupo de consejeros independientes nombrados por el Senado. De prosperar esta iniciativa, el plan de centralizar el poder habrá dado un enorme paso adelante. Sin embargo, habrá que estar atentos a cómo lo interpretan las instituciones financieras internacionales, prestas a cantar el tercer strike, lo cual podría tener implicaciones sobre la calificación de la deuda soberana del país, como se ha advertido