22 de Enero de 2019

Hoy se inicia una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el corredor del huachicol, una serie de municipios de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México por donde corren los ductos Tuxpan- Azcapotzalco (317 kilómetros de longitud) y Tuxpan-Tula (304 kilómetros).

De acuerdo con información que publicó ayer Excélsior, por esas 30 demarcaciones se transporta una quinta parte de las gasolinas que se consumen en México –160 mil barriles diarios, de un total de 800 mil barriles– y, en ellas, la incidencia delictiva se ha incrementado 44% en los últimos cuatro años. 

Según ha dicho el mandatario, se trata de convencer a los habitantes de esas poblaciones de que no participen más en el robo de combustibles, a cambio de convertirse en beneficiarios de programas sociales que ha puesto en marcha su gobierno.

Todavía faltan detalles para saber cómo se aplicará esta política pública. Por ejemplo, no se sabe a cuántos de los habitantes se otorgará la ayuda, si es únicamente a quienes viven cerca de las más de siete mil 700 perforaciones que se han hecho en los ductos mencionados desde 2015 o un número mayor. Tampoco está claro de qué monto estamos hablando.

Lo que ha dicho López Obrador es que la necesidad económica está detrás del robo de combustible y que esos programas sociales tienen por meta paliar las carencias, a fin de que los habitantes de estos lugares no se dediquen más a esta actividad delictiva que ha causado un daño a las finanzas públicas por 65 mil millones de pesos al año.

Por supuesto, el Presidente apuesta también a su “autoridad moral” para convencer a quienes actualmente obtienen ganancias del huachicoleo a que dejen de ser cómplices de los “corruptos” que ordeñan los ductos de Pemex u ofrecen información para que este saqueo pueda realizarse.

En sus mensajes, López Obrador distingue a los criminales que sacan el mayor provecho de esta actividad ilícita de los pobladores que participan en ella de forma oportunista y circunstancial.  

Lo cierto es que, hasta ahora, los llamados del Presidente a estos últimos han sido insuficientes. Apenas cinco días antes de que estallara el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, matando a más de 90 personas, López Obrador conminó a los pobladores que recolectan la gasolina ordeñada a que no hicieran “el juego” a los huachicoleros.

“Más vale heredar pobreza a sus hijos que deshonra”, afirmó en Valle de Chalco, Estado de México, el pasado domingo 13, al presentar la reedición de la Cartilla Moral, de Alfonso Reyes.

La víspera, en el municipio de Acambay, también en el Estado de México, habitantes de la comunidad de San Antonio Detiña habían recogido con cubetas la gasolina que se había derramado por la colocación de una toma clandestina en el ducto Tula-Toluca. “No sean cómplices del robo”, les pidió.

Como digo, cinco días después, centenares de personas acudieron con envases de plástico a la colonia San Primitivo, del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, para recoger el combustible que brotaba de otra toma clandestina, colocada ésta –hace años, aparentemente– en el ducto Tuxpan-Tula.

Ahora veremos si el Presidente tiene éxito en que este tipo de acciones cesen mediante el ofrecimiento de programas sociales.

El robo de combustible es un problema complejo que se ha ido extendiendo por el país. En muchos lugares, los huachicoleros tienen una base social que los protege de la persecución policiaca, porque se convierten en empleadores de personas en la comunidad donde ordeñan el ducto y comparten con ellas las migajas del lucrativo negocio ilegal.

A reserva de conocer el monto de las transferencias que se ofrecerán a los pobladores, surgen algunas preguntas: ¿Competirán estos programas sociales con las ganancias que obtienen los pobladores? ¿No se volverá esta política pública fuente de mayores exigencias al gobierno? ¿Qué sucederá si, a pesar de ella, la ordeña continúa? ¿Cuál será el criterio para paliar la necesidad y por qué hacer distinción entre los pobres del corredor huachicolero y los de otras partes del país?

Las dudas que genera este discurso justificador del robo de combustible pueden llevarse al extremo: si hay 50 millones de pobres en México y cada uno de ellos robara el equivalente a un envase de refresco de 2 litros al día, casi se terminaría la gasolina.

En momentos en que se contempla la formación de la Guardia Nacional, preocupa el modo en que nuestros soldados y marinos han perdido autoridad frente a la población gracias, sobre todo, al discurso políticamente correcto de la clase política. El domingo, los militares no pudieron evitar que la gente se pusiera en peligro de muerte al acudir a la fuga en San Primitivo. Una semana antes, a 21 kilómetros de ahí, habitantes de Santa María Ahuehuepan dieron una golpiza y retuvieron a soldados que perseguían a huachicoleros.