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Las alegres cuentas claras y transparenteS

 
 

Las alegres cuentas claras y transparenteS

Cuentan que, hacia poco más de la mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, los oficiales mayores de las dependencias gubernamentales fueron convocados a una reunión en la Secretaría de Hacienda en la que les solicitaron atender la iniciativa 3 de 3. También cuentan que la negativa fue contundente, pues, argumentaron los citados a esa junta, año con año, los funcionarios de mando emiten a la Secretaría de la Función Pública su declaración patrimonial, que deben entregar firmada y conservar el acuse de recibo correspondiente

 

05 de Enero de 2019

Por Fernando Islas*

 

La 3 de 3 tuvo, y tiene, un impacto importante, pues se trata de un ejercicio voluntario en el que servidores públicos y representantes de cargos a elección popular pueden mostrar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de pago de impuestos. En su sitio web (www.3de3.mx) se informa oportunamente qué personajes han decidido presentar estas tres declaraciones: 948 al momento de escribir este texto.

Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sus colaboradores están obligados a hacer público su patrimonio, se antoja que asimismo lo realicen a través de la 3 de 3. “La regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia”, señaló López Obrador en su conferencia de prensa de ayer. En Declaranet, el sitio que administra la Función Pública, está disponible el documento en el que el Presidente transparenta sus bienes (www.scribd.com/document/396800868/Declaracion-Patrimonial-Andres-Manuel-...).

México tiene una larga y dolorosa historia de corrupción. Más que visto está que ni la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) pudo impedir cabalmente el mal uso de los recursos públicos o el tráfico de influencias. Hubo un tiempo en el que funcionarios que contaban con gastos de representación metían hasta las facturas de la despensa de su casa. Se diría que, además de rateros, eran miserables. En el paraíso del abuso, ¿recuerda usted la partida secreta, ésa que ni se auditaba ni contaba con comprobantes de gasto?

Aunque México avanzó en la rendición de cuentas, el llamado de López Obrador parece una dicotomía. El hombre que tiene las riendas del país le exige a su gabinete cuentas claras, como debe ser, pero busca debilitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al que mejor le convendría sumar como “aliado” desde una sana distancia en sus intenciones de rendir cuentas claras.

Pero este gobierno también ha hecho algunas cuentas alegres. Era cuestión de tiempo y uno que otro imprevisto, pero López Obrador cumplió su palabra. Los votantes que en octubre pasado participaron en la consulta México Decide (menos del 1% del padrón electoral) optaron crasamente por “reacondicionar” el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, además de construir uno más en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, o lo que es lo mismo, mandaron al carajo a Peña Nieto, es decir, al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) de Texcoco, suspendido con un avance de obra de más de 30 por ciento.

Ni hablar. El celebrado arquitecto británico Norman Foster, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009, cuyo despacho fue uno de los ganadores de la licitación del NAIM, se quedó con las ganas. Es el problema de las consultas, o las encuestas, simples juegos para tachar una de dos: Opción A u Opción B. Viene al caso, conceptos bien ordenados, recordar a Mark Twain: “Hay tres tipos de mentiras: las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas”. Así pasa con las encuestas o consultas.

Por lo pronto, ¿cuánto nos costará la cancelación del NAIM? 145 mil millones de dólares, según las cuentas de José Antonio Meade, más una deuda de 6 mil millones de dólares a tenedores de bonos. ¿Qué se hará con Texcoco? Un gran parque ecológico y deportivo, según expresó López Obrador en el pasado, aunque nadie ha aclarado cuándo ni iniciaría su construcción ni cuánto costará. Por donde se vea, el pueblo pagará el resultado de una consulta cuyos saldos finales, y parciales, deberá dar a conocer el gobierno tanto como lo harán sus funcionarios con sus bienes patrimoniales.

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