15 de Diciembre de 2018

¿Treinta millones de votos justifican el fin de la autonomía de los poderes legislativo y judicial?

¿Alcanza la legitimación electoral del presidente López Obrador para terminar con los organismos autónomos?

Las preguntas están ahí, enmarcando nuestra circunstancia, mientras la realidad hilvana respuestas que, de pronto, derivan en escenarios de violencia política.

De un lado, gobierno y legisladores de Morena, PT y PES argumentan que el apoyo del 53% del electorado es un mandato de cambio radical y que éste incluye el fin de los privilegios del Congreso y del Poder Judicial.

Los diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reviran que contar con la mayoría parlamentaria no le da derecho al gobierno a romper con el sistema de pesos y contrapesos que la Constitución preserva.

Sin embargo, la puja está en marcha y se extiende a los discursos y a las percepciones.

Este jueves, con el argumento de que la bancada perredista no tiene el peso numérico para contar con representantes en la Comisión de Justicia del Senado, el legislador Juan Zepeda fue expulsado de esa instancia crucial en los nombramientos de ministros y fiscales.

Las cuatro fracciones de la oposición y sus coordinadores —el panista Rafael Moreno Valle, el priista Miguel Osorio, el perredista Miguel Mancera y el emecista Dante Delgado— se solidarizaron con el senador mexiquense y alegaron que Morena y sus aliados violaron con esa medida la pluralidad y la representación democrática.

Los parlamentarios morenistas que conduce Ricardo Monreal, petistas y del PES reclamaron el derecho a concretar la transformación de López Obrador y, en voz del senador Cristóbal Arias, les recordaron a sus opositores que eso que tanto defienden es lo que la gente reprobó en las urnas, que por eso perdieron.

Simultáneamente, en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el Presidente de la República escuchaba al ministro Luis María Aguilar que defendía así la autonomía de los ministros: “Nada por la fuerza, todo con la razón y con el derecho”.

Con ese mensaje, la Corte le confirmó al gobierno la suspensión de la Ley de Remuneraciones que le concedió a los 55 senadores del PAN, PRI, PRD y MC, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad por el capítulo del Poder Judicial.

Esa confrontación de la SCJN con el presidente López Obrador y su mayoría parlamentaria fue secundada por jueces y magistrados que, en la semana, se manifestaron en contra de la posible baja de sus salarios, a la que consideran una imposición gubernamental.

En los próximos días veremos si, en la Cámara de Diputados, Morena, PT y PES contravienen esa suspensión y aplican la Ley de Remuneraciones en el Presupuesto de 2019 con montos para el Poder Judicial por abajo de los 108 mil pesos que ganará el Presidente.

Pero, más allá de las deliberaciones de los ministros y de los pronunciamientos constitucionalistas sobre la coexistencia de los poderes en una democracia, en la conversación de la opinión pública —que no publicada— se arraiga el discurso lopezobradorista contra “las ratas de la Corte”.

Los gritos de personas que a las puertas de la SCJN agredieron a nuestro colega Jorge Camargo, titular de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, son los mismos que mañana podríamos escuchar en la marcha convocada por militantes de Morena en respaldo al Presidente en este litigio.

La gravedad del encono no termina en un debate de salarios. Lo preocupante es que se extiende a otras instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), eliminado en la iniciativa de reforma que López Obrador envió a la Cámara de Diputados.

Según la versión oficialista, el INEE no sirve, fue un invento del extitular de la SEP, Aurelio Nuño, para descalificar a los maestros.

Esa caricaturización borra tres décadas de estudios académicos y de políticas públicas que dieron paso al Instituto ,bajo el reconocimiento de que los componentes de la educación debían evaluarse para su mejoría.

La satanización al INEE no es aislada, si bien resulta la más injusta en comparación con otros espacios autónomos donde habría evidencias de la acusación presidencial de que vienen operando bajo el reparto de cuotas partidistas.

Se trata de un juicio que amerita una revisión sobre si la autonomía de las instituciones del Estado mexicano constituye un dique para la eficacia del presidencialismo democrático.

Nos referimos al INE, al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

El tema ocupa y preocupa, sin duda, al presidente López Obrador y a sus principales colaboradores. Tanto que el yerro de la semana fue la eliminación de la fracción séptima, referente a la autonomía universitaria, del Artículo Tercero en la iniciativa de reforma.

Aún temerosas de que exista una intención en contra de ese valor que consideran supremo, las autoridades universitarias aceptaron como buena la explicación gubernamental de que hubo un error de dedo.

Quizá se trate sólo de una anécdota. Pero no deja de llamar la atención el acto fallido del dedazo que borró justamente ese término.