19 de Noviembre de 2018

El Plan de Seguridad Pública comprende tres ejes estratégicos: a) Repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas; b) Crear una Guardia Nacional; y c) Establecer Coordinaciones Regionales.

La creación de la Guardia Nacional requerirá de una cirugía mayor a la Constitución, lo que necesita no solamente la aprobación de las propuestas en el Congreso de la Unión, sino del 50% más uno en los congresos locales. Tras las elecciones del pasado 1º de julio, AMLO y su partido cuentan con suficiente fuerza como para empujar estas modificaciones. La responsabilidad en la decisión no es menor.

La presentación de esta propuesta generó diversas reacciones. El portal de noticias Proceso publicó: “Diversos analistas consultados por este semanario comentaron que, como resultado de ese plan, habrá un empoderamiento militar con una visión castrense a ultranza y en el que sólo va a funcionar la discrecionalidad del Presidente de la República, como ocurrió en las dictaduras latinoamericanas”.

Aun cuando la estrategia presentada entraña un escalamiento de la presencia militar en estas tareas, y que muchos expertos ven en ello “la renuncia al carácter civil de la seguridad pública”, lo cierto es que, frente a la crisis de violencia e inseguridad que presentan distintas regiones del país, otras opciones necesitarían, principalmente, tiempo para echar raíces y conformar policías “100% civiles” en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Con más de 250 mil muertos en la última década derivados de la llamada guerra contra el narcotráfico, la realidad evidencia que no se ha invertido lo suficiente en policías federales y mucho menos en policías locales. En reiteradas ocasiones hemos señalado que nueve de cada diez delitos son del fuero común, por lo que esperaríamos que el Plan Nacional no sólo se quede en la conformación de la Guardia Nacional.

Se esperaría que esta última se enfoque en los delitos graves cometidos por huachicoleros, secuestradores, traficantes de drogas, armas o personas. Sin embargo, también se requieren policías locales profesionalizadas para coordinar esfuerzos. Un esquema de transferencia de recursos federales en el corto plazo, que fortalezca las policías estatales y municipales es fundamental, para coadyuvar de manera integral y coordinada con los esfuerzos liderados por el gobierno federal.

La gran oportunidad se abre en el primer presupuesto 2019. Estados como Colima, Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California, los cuales presentan las tasas más altas de homicidios dolosos, requieren con urgencia que sus policías locales se mejoren en tamaño y capacitación. Construir un programa que permita “pilotear” acciones en este sentido es una enorme oportunidad para la administración entrante.

Las policías locales requieren de capacitación, pero también que se invierta en mejorar los salarios, de tal forma que se tenga un estándar mínimo salarial de 15 mil pesos al mes; aumentar proporcionalmente la fuerza estatal para alcanzar el objetivo de 1.8 policías por cada mil habitantes; así como dotar a las policías estatales con prestaciones mínimas tales como seguro de vida, seguro médico, etcétera.

El nuevo esquema puede generar nuevas capacidades de fuerza, para que el gobierno federal plantee una nueva dinámica que imponga las fortalezas del Estado frente a las organizaciones criminales; sin embargo, sólo la coordinación entre órdenes de gobierno, con recursos suficientes y fortalezas locales, permitirá evitar el terrible problema de “la papa caliente”, donde la falta de responsabilidades y compromisos compartidos ha evitado que avancemos en esta preocupante materia.