21 de Octubre de 2018

El temor del gobierno de Peña Nieto de ser investigado por corrupción descubre otra vez los mecanismos a disposición del poder político y económico para ponerse a salvo de la justicia. Los dientes de la maquinaria que obstaculiza o bloquea una averiguación de denuncias de malos manejos con el cargo o el dinero público. Los frenos a una reforma penal que coexiste con los recursos del formalismo de legalidad del viejo sistema y que suelen destrabarse sólo por la presión política y la prerrogativa de las autoridades de castigar o perdonar sus propios delitos.

La Presidencia presentó ante la Corte una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo o averiguaciones abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales. La Consejería Jurídica reclama violación a las esferas de competencia y de hecho, la supremacía de la “estructura federal”, que ampara al Ejecutivo y su gabinete. Esta clase de recursos son considerados como amparos encubiertos para conocer investigaciones de fiscalías estatales. La acción legal se produce luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtiera que la “justicia alcanzaría” a Peña Nieto por la investigación a su antecesor César Duarte de presuntos desvíos a la campaña del PRI, en 2015, en el caso del exsecretario general priista Alejandro Gutiérrez.

El amparo de los poderosos ha degenerado en arma del arsenal de recursos técnicos y económicos que blindan a la autoridad para resistir acusaciones en su contra. No es el único, hay otros, como el secreto bancario o la inaccesibilidad a información de cuentas fiscales. O, bien, el recurso de la PGR para no cumplir una orden del Inai de transparentar el expediente de Odebrecht hasta recibir opinión del órgano de control interno y del Consejo de la Judicatura para no incurrir en responsabilidades.

La demanda del Ejecutivo es una de las primeras en su tipo contra el gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del estado, pero el recurso de amparo al otorgar esas protecciones en investigaciones por corrupción es cada vez más socorrido, como por ejemplo con el exgobernador Rodrigo Medina para evadir la cárcel, a pesar de la promesa en campaña de
El Bronco de meterlo en prisión por corrupción.

En la actual administración suman ya 6 gobernadores sujetos a proceso penal, incluido el del prófugo César Duarte, pero los casos han prosperado en buena medida por la presión electoral que obligó a cumplir con la promesa de llamarlos a cuentas. El viejo uso de la procuración de justicia como instrumento político del viejo sistema, que al mismo tiempo sirve para atajar investigaciones como las de Medina, como ha documentado el primer fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, en su reciente libro ¿Cómo nos arreglamos?

Su testimonio aporta al conocimiento del modus operandi de la autoridad para negociar “arreglos” con la justicia, cuya eficacia se potencia por las deficiencias de investigación del sistema de justicia, junto con los problemas para el funcionamiento de la reforma penal. Un juez federal, el Quinto del Distrito adscrito a Nuevo León, otorgó a Medina amparos contra la orden de presentación para escuchar las imputaciones en su contra y luego suspendió su vinculación a juicio penal. Finalmente, le concedió amparo para liberarlo en tiempo récord de 19 horas después de entrar a prisión por dos de los tres delitos en su contra.

La dilación de los casos, como otro recurso de la impunidad, podría dejar la investigación sobre EPN al próximo gobierno, al igual que de Odebrecht, y en su caso, pasar al próximo gobierno, la estafeta de los mecanismos reales de procuración de justicia: castigar o perdonar. Por lo pronto, López Obrador ya se comprometió a activar la extradición de Duarte congelada por la actual administración como otro ejemplo más del sistema de autoprotección con el que se cuidan.