Este y otros hechos similares son una constante en Centroamérica, una región integrada por seis países (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), donde se estima habitan cerca de 43 millones de personas. Para el año 2011, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la población menor de 24 años de edad representaba más de 2 millones.

A nivel latinoamericano, Centroamérica presenta los mayores índices de desigualdad, exclusión y violencia. Muchas personas se ven forzadas a huir de la pobreza y del riesgo a perder la vida por falta de comida, salud, educación o seguridad. Datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que entre 2005 y 2009 el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos se incrementó a 2,9 millones de personas.

“Dejé Honduras porque quería una mejor vida para mis hijos, la migra me agarró en México y me regresó, pero me quedé aquí (en Guatemala) porque en mi país no hay oportunidades y necesito dinero para mis hijos”, relata Edith, una mujer que intentaba llegar a Estados Unidos y desde que emprendió la travesía tuvo que “dar dinero para poder ir avanzando en el camino, a veces me obligaron a hacer cosas que no quería y cuando me quedé sin nada unos hombres me obligaron a trabajar en un bar mexicano, pero llegó la migra y aunque me deportaron. Yo siento que me salvaron…”. Ella desistió de la idea de buscar el sueño americano, se encontraba en una sede de la Casa del Migrante y esperaba conseguir un trabajo en una maquila cerca de un municipio de la capital guatemalteca.

A decir de algunos funcionarios públicos, la trata de personas va en aumento debido a los flujos migratorios, ya que hay casos en los que niñas, niños, adolescentes y mujeres que viajan de Guatemala, Honduras, Nicaragua o El Salvador hacia México y Estados Unidos han sido explotadas sexualmente después de robarles su dinero, extorsionarles o encontrar tropiezos en su camino.

La región centroamericana es vulnerable al crimen organizado, existen organizaciones delictivas locales, pero fundamentalmente la población está expuesta a mafias transnacionales como cárteles del narcotráfico, así como redes ilícitas de tráfico de armas, de migrantes y de trata de personas.

Un delito escasamente perseguido

Conocida como la esclavitud moderna, la trata de personas se origina como parte de las relaciones de poder que existen en un sistema que sustenta sus actuaciones sobre la base de las desigualdades por sexo, etnia, clase, preferencia sexual o por las condiciones geopolíticas. Este delito constituye una violación a los derechos humanos de las personas a quienes se les coarta su derecho a la libertad y seguridad, a su autodeterminación y a vivir libres de toda forma de violencia. Tiene diferentes modalidades, pero el mayor número de casos conocidos está relacionado con la explotación sexual y laboral, la mendicidad, la servidumbre, la venta de personas así como la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos.

Las principales víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los tratantes actúan utilizando la fuerza, las amenazas o cualquier otra forma de coacción como el rapto, el fraude, el engaño. Recurren a mecanismos como el abuso de poder, la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre otra y se aprovechan de cualquier situación de
vulnerabilidad.

Si bien la trata es una de las expresiones del crimen organizado en el área centroamericana, es importante mencionar que existen casos en los que una persona a título individual se convierte en el tratante: un hermano, el padre, la madre, el tío, el maestro, etc.

El informe “Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala”, presentado en 2016 por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), registra casos en los que los padres venden a las niñas para matrimonios forzados. En el suroccidente, en la zona fronteriza con México, niñas vírgenes de 11 y 12 años han sido vendidas por sus madres por 50 euros.

Al igual que el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, la trata está afectando la vida de miles de personas. En Guatemala sólo en los últimos cuatro años se han registrado alrededor de 48 mil víctimas. Es evidente que en los países de la región centroamericana hace falta aumentar los recursos para fortalecer y capacitar a las instancias responsables de perseguir este delito e informar a la población porque muchas veces esta problemática se invisibiliza o no se reconoce como delito.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado en 2006 en países centroamericanos y República Dominicana, revela cómo en los casos relacionados con la explotación sexual comercial muchas veces se tiende a culpabilizar a las víctimas y sus familias obviando en ocasiones la responsabilidad de los explotadores (ya sean “clientes”, proxenetas o intermediarios) y la violación de derechos que éstos cometen.

A decir de César Reyes Lucero, experto en los derechos de la niñez y adolescencia, quien paga por sexo ejerce un poder déspota. Los llamados “clientes” de la prostitución son hombres comunes y corrientes, que debido a su historia de vida y aprendizajes alrededor de la sexualidad, consideran que tener relaciones con una mujer prostituida es parte de su vida normal, “lo entienden como un desfogue al engaño de la súper sexualidad de los hombres, porque no les es suficiente una pareja permanente”, precisa.

El informe de la OIT referido evidencia que menos de un tercio de la población consultada de esos países considera que este delito es provocado por los explotadores, mientras cerca de la mitad cree que la causa del problema está en los valores morales de las víctimas y sus familias. Más de la mitad de las personas entrevistadas piensa que los principales responsables de detener la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes son las familias, principalmente las madres o incluso las mismas víctimas.

¿Qué pasa en Centroamérica?

Las personas y su vida se han vuelto un negocio. La comercialización, compra y venta de seres humanos genera cientos de millones. Sólo en Guatemala las estructuras criminales obtienen hasta más de millón y medio de quetzales (casi 200.000 dólares) por este delito. Según el informe “Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala”, esas redes del crimen organizado obtienen ganancias ilícitas hasta 12 mil millones de quetzales (más de 1.500 millones de dólares) anualmente y de manera recurrente están involucrados agentes del Estado, quienes tienen “acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte, permisos sanitarios, entre otros.”

El pasado junio, en una acción conjunta entre autoridades de Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala y El Salvador, denominada Operación Mesoamérica, se logró la captura de 31 cabecillas e integrantes de una red internacional de tráfico de personas, entre los detenidos se encontraban empleados públicos de los diferentes países.

La fundación Save the Children en su estudio “Violencia y trata de personas en Centro América: oportunidades de intervención regional” revela que este delito es cometido principalmente con fines de explotación sexual comercial, explotación laboral y turismo sexual, aunque en Guatemala también se presenta la modalidad de adopciones irregulares (entre 2004 y 2007 se calcula que alrededor de 18,376 niñas y niños guatemaltecos fueron adoptados de manera irregular) y en Honduras se han conocido casos relacionados con la extracción de órganos y tejidos humanos.

En general la región centroamericana está catalogada como una zona de captación, tránsito y llegada de víctimas de trata, las rutas coinciden con actividades del narcotráfico y tráfico ilícito de armas. Los trayectos son de sur a norte y el destino final es principalmente México y Estados Unidos, aunque también (en menor medida) algunos países europeos. Guatemala, Costa Rica y Panamá son puntos principales, el primero por su cercanía con México y los otros dos porque son destino de las víctimas que provienen de otras regiones.

A lo largo de los países centroamericanos existen factores de riesgo de carácter estructural: aumento de las personas empobrecidas, exclusión y discriminación social, violencia, falta de acceso a oportunidades, inestabilidad política y económica. A ello se suma el aumento de estructuras criminales, la impunidad, la ausencia de políticas públicas amplias e incluyentes que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de las personas.

Más que números y cifras

Según el estudio de Save the Children, es imposible establecer un perfil único de las víctimas de trata de personas, depende mucho la modalidad del delito. Las niñas, niños, adolescentes y mujeres son las principales víctimas de explotación sexual comercial; las de menor edad están expuestas también a la pornografía, el turismo sexual y la servidumbre principalmente. Mujeres adultas pueden ser reclutadas para la explotación laboral, al igual que hombres en ese rango de edad, quienes además se pueden convertir en víctimas de trabajo forzado.

La trata de personas es una experiencia traumática que deja secuelas permanentes y afecta a los proyectos de vida. Conocedores de esta problemática señalan que los daños pueden ser a nivel físico, psicológico, social y patrimonial. Por ejemplo: enfermedades de transmisión sexual, lesiones en el aparato reproductor de la mujer y heridas anales; baja autoestima,  depresión, trastorno del apetito y el sueño. Para algunas víctimas, llega a ser difícil abandonar el círculo de explotación porque en ocasiones mantienen dependencias con sus explotadores, principalmente por deudas o por adicciones a drogas y alcohol.

Dora Taracena, jefa de la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Guatemala, opina que “además de lo doloroso que es esa experiencia, las víctimas tienen que pasar el calvario de la denuncia, la investigación les demanda muchas preguntas y tienen casi que convencer a quienes las entrevistan, por muy bueno que sea el interrogatorio, es difícil”. Afirma que hay una estigmatización por “el morbo que existe y no sólo en los medios sino en el imaginario social porque todo lo que tiene que ver con sexualidad ahí está, es cultural”.

Para contribuir a erradicar esta problemática que afecta a miles de personas en Centroamérica, Taracena considera que es importante poner en práctica los protocolos y leyes que se han creado, así como hacer una sistematización de las experiencias y acciones que se han llevado a cabo a fin de buscar respuestas. La concienciación de la población es fundamental, en este sentido los medios de comunicación juegan un papel relevante, concluye.

Mynor Pinto, de la Fiscalía contra la Trata del MP en Guatemala, resalta las acciones de prevención. “El delito de trata es muy complejo y hay muchas víctimas potenciales”, por ello señala que prevenir es una acción urgente en la que también deben involucrarse las distintas instituciones y países, de esta y otras partes del mundo.

Andrea Carrillo Samayoa es integrante de la publicación feminista laCuerda.