31 de Agosto de 2018

El uso de las Fuerzas Armadas para apoyar la lucha contra la delincuencia organizada nunca ha sido una situación óptima, sino un recurso extremo para paliar la ausencia de cuerpos de policía confiables y capacitados.

Hace unos días publiqué en este espacio que, pese a ser un reclamo de la sociedad civil y un compromiso de autoridades federales y estatales con ésta, se ha desperdiciado una década en la que pudieron haberse formado tales policías.

Como nunca se ha cumplido cabalmente ese compromiso –y sin desconocer que hay elementos profesionales en la Policía Federal y otras corporaciones civiles de seguridad– no ha habido de otra, sino mantener a los militares en esas tareas.

Los soldados y marinos, a través de sus mandos, han dicho una y otra vez que no quieren hacer este trabajo. No les corresponde y no están entrenados para ello. Lo hacen, con gran dedicación y sacrificio, porque se los ordenan.

Es verdad que algunos elementos militares –no las Fuerzas Armadas como institución– se han propasado y han violado derechos humanos a la hora de realizar tareas de apoyo a la seguridad pública, pero también lo es que muchos soldados y marinos han sido asesinados y heridos por delincuentes en enfrentamientos y emboscadas.

Desgraciadamente, lo primero se ha convertido en estigma para el Ejército y la Armada, mientras que lo segundo se reconoce muy poco.

Aun así, soldados y marinos no tienen de otra más que seguir obedeciendo las órdenes de la autoridad civil –su comandante supremo es el Presidente de la República– y mantenerse en el combate a la delincuencia, pese a que, como digo, ellos quisieran regresar a sus cuarteles.

Esta semana, el gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre ha dicho que esta situación se mantendrá hasta 2024.

En voz de Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, informó que la presencia de los militares en las calles será “transitoria”, pues “nos hemos propuesto un programa emergente, de capacitación y profesionalización policial, con el propósito de tener los cuadros suficientes y adecuados que entrarán al relevo”.

Agregó que “en el transcurso de los tres primeros años” habrá “una baja sensible de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad”, y que la meta del próximo gobierno es “entregar un país en paz, en tranquilidad y obviamente ya sin la necesidad de contar con las Fuerzas Armadas en las calles” (Excélsior30/VIII/2018).

Es bueno que se reconozca que la participación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública ha sido una necesidad.

Durante años, hubo quienes negaron esta situación y sostuvieron que era un error involucrarlos. Me parece que nunca ha sido óptimo, como digo arriba, pero algunos aprovecharon políticamente esta situación para golpear a las instituciones, particularmente a las Fuerzas Armadas.

Quizá algunos de los que hicieron eso ahora harán como que la Virgen les habla y no rectificarán sus dichos ni mantendrán su oposición. Aun así, los hechos los ponen en evidencia.

Por lo que a mí respecta, quiero aprovechar para agradecer a soldados y marinos el sacrificio que han hecho y seguirán haciendo en defensa de la seguridad de todos. Para ellos, esto ha implicado no solamente riesgos para su seguridad personal y mayor carga de trabajo, sino estar alejados de sus seres queridos.

El nuevo gobierno ha tomado el camino correcto. Primero, reconociendo que la presencia castrense en las calles es necesaria; segundo, anunciando que se formarán policías para que los soldados puedan regresar un día a sus cuarteles. Manos a la obra.         

BUSCAPIÉS

• Si Ibargüengoitia viviera, tal vez su próxima novela tendría que ver con el gobernador de Plan de Abajo, que se convirtió en candidato al Senado sin solicitar licencia a su cargo, y, una vez elegido, pidió licencia para rendir protesta como senador; dejó el puesto encargado a un compadre diputado, que le cumplió el capricho de reformar la Constitución estatal para dar formalidad a sus planes, y luego se regresó a Cuévano para ser gobernador sustituto de sí mismo, sin despeinarse ni perder la condición de senador.
• El próximo 14 de septiembre se cumplirán 50 años de la matanza de excursionistas poblanos, quienes, en su camino hacia el volcán La Malinche, se quedaron a dormir en el poblado de San Miguel Canoa, donde fueron asesinados por habitantes que los creyeron instigadores comunistas. Nada hemos aprendido en medio siglo, a juzgar por el reciente linchamiento de dos campesinos, que fueron confundidos con secuestradores y luego quemados vivos en Acatlán de Osorio, otro lugar de Puebla, entre gritos de algarabía de los pobladores.