Edna Jaime / El Financiero

Las campañas están a punto de cerrar y nos quedamos con la triste impresión de haber perdido meses de oportunidades de debate, de análisis y de propuestas.

No porque la sociedad civil mexicana no proponga. O no se interese. O no critique. O no investigue.

Sino porque la clase política parece estar cada vez más desconectada de la realidad del país.

Dentro de los grandes ejes que desde México Evalúa hemos tratado de poner a la agenda de los candidatos, la corrupción, la violencia y la impunidad ocupan un espacio central. Y me quedo cada vez más inquieta frente al silencio de los candidatos y a lo que pueda suceder a partir del 2 de julio.

En México, se mata porque se puede. Se mata porque las consecuencias son inexistentes. Se mata porque si el Estado mismo asesina y desaparece impunemente, no existe la contención que le correspondería ejercer. No existe ley, ni quien vele por su cumplimiento.

En este tema, parto de la premisa de que el crimen organizado es a la vez una de las vertientes de la violencia, así como un catalizador de las dinámicas locales de violencia. Las organizaciones criminales participan activamente de la destrucción del tejido social a través del uso de la violencia y de sus múltiples vertientes (cobro de piso, venta de drogas, violencia de género), pero también a través de la propagación de un ejemplo de ascenso social en contextos particularmente vulnerables.

En este proceso, las respuestas gubernamentales centradas en la guerra actúan como leña al fuego. Al enfocarse casi exclusivamente en el combate frontal a los grupos violentos –un aspecto indispensable, por otra parte –, el gobierno federal ha desestimado las perspectivas sociales que propician la seguridad ciudadana y contribuyen a mejorar las condiciones socio-económicas locales de las zonas más expuestas del país.

Pero también hay otra vertiente crítica. Los casos más emblemáticos de violencia en México involucran, en algún nivel, la colusión entre grupos criminales y autoridades públicas, incluyendo a las Fuerzas Armadas. La lucha contra la corrupción y la impunidad, directamente articulada con los esfuerzos judiciales, es la condición sine qua non para reducir la violencia e implementar un nuevo modelo de seguridad pública. La corrupción, el uso excedido de la fuerza y también la impunidad que rige la actuación de las fuerzas federales en las regiones más violentas del país, impide cualquier progreso hacia la estabilidad y la recuperación de la confianza en las instituciones.

Frente a este problema, más allá de nuevas leyes, lo que se requiere son medidas decididas contra la impunidad, comenzando con la que prevalece en las fuerzas públicas. El favor más grande que le pueden hacer las autoridades a sus corporaciones policiacas y, a fortiori, a su Ejército, es sancionar sus desviaciones con la mayor severidad.

En la otra punta del espectro, existen en decenas de localidades del país iniciativas ciudadanas de protección, de paz y de resolución de conflictos. Estas, cuando son apoyadas por los poderes públicos, resultan clave en la mejora de las condiciones de vida de la población y permiten un enfoque en términos de seguridad ciudadana. Al contrario, cuando se desestiman, o cuando se favorecen las respuestas civiles armadas, como fue el caso en Michoacán con las autodefensas, las autoridades alimentan la búsqueda de justicia por propia mano fuera de cualquier marco legal, así como el recrudecimiento de la violencia en las comunidades.

En el ámbito de la seguridad pública, el objetivo a mediano y largo plazos consiste en restablecer la apuesta por las fuerzas policiacas, a fin de permitir el retorno del Ejército a los cuarteles. La Ley de Seguridad Interior, tal y como fue aprobada, no puede ser el eje sobre el cual desarrollar una estrategia de seguridad. El fortalecimiento de las escalas municipales se tiene que perseguir en coordinación con la consolidación de la operación del sistema de justicia penal acusatorio.

Después de meses de campaña, me quedo con la sensación de haber perdido meses esperando que los candidatos se definieran en esta materia. Si quien resulta electo no está listo para el reto, lo que viene será el infierno.