Del total de riesgos identificados, seis son catalogados como “muy altos”, siete como “altos”, cinco “medios” y dos “bajos”, divididos en tres etapas: la primera relacionada con la preparación de la elección y el desarrollo de las campañas; la segunda vinculada con el desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio, y la última con lo postelectoral.

Los seis riesgos muy altos

De los seis riesgos “muy altos” identificados en el estudio de Integralia, en el que se hizo un análisis para identificar las vulnerabilidades y amenazas del proceso electoral 2018, su interacción y el riesgo específico, dos de ellos fueron ubicados en la primera etapa; uno en la segunda y tres en la tercera.

Los dos primeros tienen que ver con un supuesto “financiamiento ilegal que utilizan partidos políticos para clientelismo, compra, coacción e inhibición del voto”, y el segundo con la “infiltración del crimen organizado en campañas… principalmente locales”.

Integralia sostiene que en el primer caso la “falta de controles en el gasto y en el manejo de recursos materiales y personales”, así como la “desconfianza respecto a la legalidad y legitimidad del proceso electoral” generan un riesgo muy alto de ocurrir.

“Siendo la elección más grande en la historia de México, se estima que será también la de mayor gasto y financiamiento ilegal. Según (un) reporte de Integralia y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, por cada peso reportado de gasto hay 15 que fluyen debajo de la mesa”, advierte el informe,

En cuanto a la infiltración del crimen organizado en las campañas locales, advierten que es un riesgo muy alto por la “incapacidad del Estado para proteger a los miles de candidatos a puestos de elección popular”, y por los “ataques violentos contra candidatos federales y locales”.

“México enfrenta el proceso electoral más violento de su historia reciente con casi 400 casos de agresiones contra políticos; 113 asesinatos y de ellos, 43 eran candidatos o precandidatos (al 12 de junio de 2018)”, revela el informe.

Como riesgo “muy alto” durante la jornada del 1 de julio, Integralia identifica los “retrasos en la difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a la concurrencia de elecciones. (Lo que) Se agrava por discusiones al interior de las casillas para definir validez de votos debido a la sentencia del TEPJF del 18 de junio”.

“Inicialmente el INE había proyectado contar con un avance de 75% del PREP a las 12 de la noche; pero TEPJF revocó los cambios en el Reglamento de Elecciones que buscaban agilizar el PREP, con lo cual el Instituto estima que el avance del PREP a medianoche sea de sólo 12%. No obstante, el INE estima que a las 23:00 horas del 1 de julio dará a conocer el conteo rápido de la elección presidencial (y entregará a los Oples respectivos los conteos de las 8 gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno de la CDMX)”.

En el caso de los riesgos “muy altos” en la etapa postelectoral, se prevén: “elecciones cerradas: márgenes estrechos entre el primer y segundo lugares; efecto arrastre vertical: Votar por candidatos de la coalición del candidato presidencial (gobernador, alcaldes o diputados locales) sin considerar atributos o propuestas de los candidatos locales” y “financiamiento ilegal de campañas”.

En el primer caso indican que “el riesgo en la elección presidencial se diluye si el margen de victoria es amplio, pero aumenta si el resultado es estrecho. Asimismo, se prevé alta competencia en Veracruz, Puebla y Yucatán y otras elecciones de ayuntamientos relevantes”.

Sobre el tema de arrastre vertical indican que el “efecto… AMLO es muy potente en diversas entidades y la intención del voto se traslada de forma automática a muchos candidatos locales sin los atributos idóneos para ejercer el cargo”.

Del riesgo de financiamiento ilegal de las campañas, Integralia advierte que el “modelo de fiscalización incipiente e incompleto”, además de la corrupción en los gobiernos entrantes (peculado, cohecho, encarecimiento de obras públicas y de baja calidad)”, pudiera generar que se presente alguna de las tres modalidades de financiamiento ilegal en casi todas las campañas: desvío de recursos públicos, financiamiento privado ilegal y financiamiento del crimen organizado”.

Los 7 riesgos “altos:

• Que partidos y aliados intensifiquen campañas negativas (primera etapa)
• Validación de votos por escribir apodos o acrónimos de los candidatos en toda la boleta (segunda etapa)
• Cansancio de los funcionarios de casilla (segunda etapa)
• Rebase de topes de campaña (especialmente de elección presidencial o gubernaturas) (tercera etapa)
• Intervención del narcotráfico y grupos delictivos en elecciones locales (tercera etapa)
• Voto parejo y masivo por coalición Juntos Haremos Historia (tercera etapa)
• Efecto arrastre horizontal: Votar por el partido del candidato presidencial sin considerar atributos o propuestas de los candidatos a legisladores federales (tercera etapa)

Los cinco riesgos medios:

• Múltiples impugnaciones y reveses jurídicos a acuerdos y decisiones tomadas por el Consejo General del INE (primera etapa)
• Imposición de candidatos locales por parte del crimen organizado (primera)
• Boicot de grupos políticos desestabilizadores a través de noticias falsas de violencia en ciertas casillas (segunda etapa)
• Amenazas a funcionarios o electores por parte del crimen organizado (segunda etapa)
• Gobiernos locales intenten influir en sus institutos electorales locales (segunda etapa)

Los dos riesgos bajos:

• Conflictos políticos de carácter local (con autoridades o entre pobladores sin relación alguna con el proceso electoral) (segunda etapa)
• Grupos externos ejecuten un ciber ataque para afectar la difusión de resultados (segunda etapa)