Tomemos algunos números de diferentes informes para tener una idea.
En el semestre marzo-septiembre fueron asesinados once periodistas. Tres en Brasil, tres en México, dos en Guatemala y uno en Colombia, en Honduras y en República Dominicana, respectivamente. En lo que va del año han sido asesinados 16 periodistas y en los últimos 12 meses 20.
Los asesinos, todos sueltos. Ni uno preso. Libres y encaramados en organizaciones mafiosas o en gobiernos y gobiernitos.
En la Nicaragua de Daniel Ortega solo quedan tres medios independientes: un diario, una radio y un canal de TV. El resto, la totalidad (número a determinar, pero alto) está en manos del Presidente y su esposa y de un particular amigo.
En Ecuador, Rafael Correa lleva cuatrocientas 444 cadenas nacionales (Radio y TV y obligatorias) donde dice lo que quiere e insulta a granel. Por ahora los ecuatorianos mantienen la libertad de no prender los aparatos de radio o TV. Para los medios, en tanto, no es tan fácil. La Supercom (Superintendencia de Comunicaciones) especie de comisario o GESTAPO que maneja la Ley Mordaza de Correa, ha impuesto en lo que va del año 279 sanciones a medios. Se trata de multas concretas o de la obligación de publicar la “versión oficial” sobre temas que los medios se atrevieron a tocar “sin consultar” o pedir permiso. Un detalle: en Ecuador, en épocas electorales, los medios no pueden hacer entrevistas a los candidatos, porque se considera que es propaganda. A Correa (candidato permanente) eso no le preocupa pues él tiene sus cadenas y puede decir lo que quiera sin riesgo de multas ni rectificaciones. Hay que ver lo bien que le ha ido en las elecciones con ese método.
Cristina Fernández de Kirchner también es una enamorada de las cadenas nacionales: 40 en lo que va del año.
“Comunicar mentiras desde la cúspide del poder y repetirlas sin cansancio, y racionar la libertad en función de los intereses de los gobiernos, se ha vuelto en los últimos años algo demasiado frecuente en numerosos países de América”, ha dicho en su informe el uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
En el caso de Argentina –obsérvese– la ley de medios, hechura de los Kirchner, dispone que las cadenas son para usar en caso de “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. Parecería por lo que se informó que, salvo en un par de veces, en el resto la presidente se dedicó a atacar a periodistas y medios de información y a hostigar al Poder Judicial y a algunos jueces “atrevidos” que pretenden meterse en sus cosas, o en las de su familia, o en la de sus amigos. También unas cuantas las ha dedicado a promocionar “su obra“ y a hacer propaganda de “su partido” y del candidato oficial, con vista a las elecciones del próximo 25 de octubre. Sin contar, en relación a este último aspecto, los 900 millones de dólares en publicidad oficial que el gobierno muy meticulosamente distribuye entre los medios públicos que maneja y los medios de testaferro, de amigos y unos cuantos más “que acompañan”.
Así se hace mucho mas fácil ganar “elecciones libres y democráticas”, ¿o no?
Gustavo Momhe, presidente de la SIP, en su informe a la asamblea denunció a los que “desde el poder desvirtúan principios reconocidos universalmente, como la separación de poderes y la vigencia de la libertad de expresión, devaluando y eclipsando uno de los mecanismos más emblemáticos de la democracia, como lo son las elecciones libres, a través de las cuales el ciudadano delega transitoriamente su poder y se garantiza una sana e imprescindible alternancia”
Y parecería que tiene mucho de razón y que eso no se tapa con las cláusulas democráticas de la OEA, Unasur, Mercosur o Celac.
Los números cantan y le respaldan.
Y eso que son solo algunos: no se incluyen los de Cuba o los de Venezuela, por ejemplo.