La “guerra” con la Corte y el 2024

Como el que tiene pocas ganas de irse, el largo adiós de López Obrador será una álgida batalla contra el Poder Judicial hasta el fin de su mandato. El conflicto, que domina la relación en el sexenio, amenaza con derivar en un franco bloqueo entre Poderes hacia la elección de 2024. Los tambores de “guerra” anticipan que el choque contamine la sucesión presidencial en las elecciones más grandes en la historia del país.

El Poder Judicial ha servido de “cabeza de turco” a la que quiere hacerse culpable de casi todos los males, de traspiés de las reformas y proyectos prioritarios de la 4T, para exculpar a otros implicados como el Congreso. Los jueces y ministros de la Corte son el receptáculo de la crítica presidencial contra el “pensamiento conservador”; su actuación ejemplo de corrupción en el país y, sobre todo, sus reveses al gobierno, muestras de instrumentalización de las cúpulas económicas y políticas. En suma, un poder “podrido”, como se reiteró con el retiro de una orden de aprehensión contra García Luna o el caso del fiscal Uriel Carmona.

Bajo el estigma, esta relación se desliza hacia una zona de colisión que puede considerarse más que crítica. El bloqueo se materializa en cerrar el paso a la terna de la SCJN para elegir a una magistrada de la sala regional especializada del Tribunal Electoral bajo justificación de que es “cuota” del magistrado Felipe de la Mata con el que ha trabajado, y quien además planteara sancionar a Sheinbaum por ir a un acto de campaña del gobernador de Tamaulipas.

Y más grave, el choque podría extenderse si el Senado devuelve las ternas para sustituir a dos magistrados del TEPJF que concluyen su periodo, dado que dejaría un árbitro “cojo” para  sancionar la elección presidencial y de 9 entidades en 2024; igual que ya sucede con la falta de nombramientos del Inai. La carga de asuntos y austeridad serán obstáculos para su desempeño. Pero el cerco podría estrecharse más con un recorte presupuestal, así como la extinción de fideicomisos de la Corte, que discute el Congreso. Para el máximo tribunal, la limadura es una “venganza política” por reveses a proyectos del Ejecutivo, incluso de ministros que él propuso y ahora llama “traidores”, a González Alcántara y Ríos Farjat.

La incomunicación se plasma hasta en símbolos como dejar fuera de invitación a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a conmemorar la Independencia. Pero como toda política de obstrucción institucional, la parálisis tiene siempre dos sentidos y acaba por afectar a ambos, y a la ciudadanía, en asuntos tan delicados como la justicia e impunidad. Eso significa que el choque también es peligroso para López Obrador, porque entorpece sus mayores pendientes en la recta final del mandato.  Con todo y aislamiento, no pueden eludir los dominios del Poder Judicial en su abierta intervención en el proceso electoral para lograr una sucesión sin sobresaltos y avalar a Sheinbaum, así como rematar sus obras de infraestructura detenidas, en más de una ocasión, por fallos de la Corte.

Así como su reforma al Poder Judicial, convertida en estandarte de campaña para obtener en las urnas la mayoría calificada que necesita para cambiar la Constitución y que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular. La alta popularidad de López Obrador al final de su gobierno, superior a los últimos presidentes, juega a su favor en el pulso con la Corte, aunque la implementación de una eventual reforma sería un encargo de pronóstico reservado que dejaría a Sheinbaum de resultar el vaticinio de las encuestas.

En contra de la Corte está la práctica extendida de la negociación de la justicia en el país y la imagen de poder distante, del privilegio y corrupción, que la aleja de la ciudadanía. Como le reclama el Presidente, no ha sido proactiva para proponer su propia reforma que responda a las críticas, porque un sistema que prescinda de la preocupación por la protección real y efectiva de los derechos abre la puerta de los altares a la voluntad popular. Evidentemente no basta con la defensa de la Constitución y del control que ejerce de ella sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía respecto a sus impartidores de justicia, aunque justifique en la misma protección de derechos. La Corte puede mover ficha y a todos convendría que lo hiciera.