Jorge Fernández Menéndez
Se cumplieron seis meses del atentado contra nuestro amigo y colega Ciro Gómez Leyva y hay una decena de detenidos que, supuestamente, son los autores materiales de ese intento de asesinato, pero nada sabemos del móvil, de los autores intelectuales, de un personaje apodado El Patrón, que supuestamente contrató a la banda que ejecutó el atentado. En los hechos, lo que perdura es la impunidad porque, como decía ayer Ciro en radio, hoy no sabe quién fue el que ordenó ese ataque ni cómo ni por qué o qué existe, agreguemos nosotros, detrás de esa trama.
Desde que fueron detenidos los 12 miembros de la banda que materializó el ataque, la investigación ha estado encabezada por la Fiscalía capitalina. En enero pasado, cuando se capturó a los primeros miembros de esa organización de sicarios, decíamos aquí que, por el equipo encontrado en algunos de los cateos, podrían estar relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque esa información no ha podido ser confirmada por las autoridades.
Recordemos que el CJNG opera en muchas ocasiones como una suerte de franquicia a la que se adhieren células locales que, en los hechos, no son realmente parte de esa organización criminal. El centro de operaciones de la célula detenida estaba en la alcaldía Gustavo A. Madero, la alcaldía más violenta de la Ciudad de México, donde operan, por lo menos, una decena de organizaciones criminales que han expandido sus actividades ilícitas hacia el narcomenudeo y el robo a transporte de carga, muchas veces al amparo de la autoridad local.
La mayoría de las bandas delictivas que operan en la alcaldía tienen sus raíces en lo que fue La Familia Michoacana, que luego de sucesivas divisiones internas configuró grupos independientes que hoy tienen en jaque a la GAM. Actualmente, La Nueva Familia, sucesora de aquélla, está asentada en Michoacán, algunas zonas del norte de Guerrero y en el sur y oriente del Estado de México, encabezadas por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa.
En esas zonas operaban los hasta ahora detenidos que realizaron el ataque contra Ciro. Se supone que por ahí operaba también este personaje apodado El Patrón. Si algo ha sido notable con El Pez y El Fresa es la violencia y la impunidad con la que operan en Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
No es responsabilidad ni de los medios ni de los comunicadores garantizar la seguridad de cada uno de quienes hacemos noticias con los más diferentes puntos de vista y muchas veces con información crítica e incómoda para Palacio Nacional u otros actores políticos, sociales, empresariales: es responsabilidad exclusiva del Estado y de quienes deben proporcionar esa seguridad.
México fue declarado el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo, por encima, incluso, de países en guerra, como Ucrania. En 2022, al momento del atentado contra Ciro, sumaban 17 los periodistas asesinados y muchos más los que han sufrido ataques y agresiones. Garantizar la seguridad de los periodistas implica acabar con el clima de agresiones y agravios, y asegurar las condiciones para un ejercicio del periodismo libre de violencia. Además, garantizar que no haya impunidad.
En 1994 dijimos que fue el clima político el que propició acciones como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, en una época donde la violencia estaba mucho más lejos de la vida cotidiana que ahora. No fueron ni Salinas de Gortari ni Camacho Solís los que orquestaron aquellos crímenes, no fue la lucha en sí por la Presidencia o la candidatura, fue el clima creado, donde la violencia tenía permiso, donde cualquier acción era posible porque parecía legitimarse todo. Y había muchos actores que podían aprovecharse de ella.
En aquellos años y en la actualidad, el crimen goza de impunidad. Sabemos que Mario Aburto mató a Colosio y que un oscuro sicario de apellido Treviño mató a Ruiz Massieu, pero nunca nos han podido responder por qué o qué estuvo detrás de esos crímenes. El fiscal Chapa Bezanilla quiso utilizar políticamente los crímenes como años después lo hizo Samuel del Villar con el asesinato de Paco Stanley. La vertiente del crimen organizado y la desestabilización nunca fue indagada en ninguno de esos casos a fondo. Mucho menos se indaga ahora: de los 160 mil muertos de esta administración, apenas si está abierta alguna carpeta de investigación, la enorme mayoría queda impune.
Entiendo que no se puede llegar a los culpables, materiales e intelectuales, en todos los crímenes, pero la clave para poder avanzar, aunque sea en el sentimiento de seguridad de la sociedad, es que se haga justicia en los casos emblemáticos, pero ni en ellos se avanza: siguen impunes los ataques contra los jesuitas en Chihuahua, la mayoría de los asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos y de buscadoras, nunca sabemos, más allá de los manidos argumentos de “derechos de piso, extorsiones o ajustes de cuentas”, cuando no se recurre a lo pasional, quién es el responsable de cada crimen.
Y en ese ambiente de impunidad y manipulación, al final, hasta los propios sicarios terminan quedando en libertad, como está ocurriendo hoy con los sicarios de los jóvenes de Ayotzinapa. Ojalá no suceda mañana lo mismo con los detenidos por el atentado contra Ciro y que alguna vez sepamos cómo y por qué ocurrió ese ataque.