Raúl Contreras Bustamante
El artículo 39 de nuestra Carta Magna establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo que todo poder público debe dimanar de él e instituirse para su beneficio.
Lo anterior es expresión de uno de los elementos esenciales del Estado constitucional de derecho moderno, porque instituye la condición de que la soberanía no la puede detentar una sola persona, una familia ni ningún grupo aristocrático, sino que sea el pueblo quien —de manera organizada— deberá decidir sus designios. Es decir, es el elemento constitutivo de la vida en democracia.
Ahora bien, esta vida democrática necesita de la construcción de instituciones garantes para materializar el respeto a los derechos humanos y prestar servicios públicos, tales como la educación, seguridad pública y salud.
La realización eficiente de las tareas sustantivas de cada institución debe generar confianza en todos los ciudadanos. Sin embargo, durante el Foro de Gobernanza del Banco Mundial —en marzo de 2021— se dijo que antes de la emergencia sanitaria por covid–19 la confianza ciudadana en el orbe se había desplomado, pues se percibía que los gobiernos estaban desconectados de las necesidades colectivas, aunado a niveles preocupantes de corrupción.
Se destacó también que dicha emergencia sanitaria fue una oportunidad para que los gobiernos demostraran la eficacia de sus instituciones y se desplegaran amplias políticas públicas de medicina preventiva y curativa; sin embargo, el aprovechamiento de la situación, fue muy excepcional entre los gobiernos.
Por otro lado, se identificó que la ausencia de esta confianza ciudadana tiene consecuencias perniciosas, pues ésta es la base de la legitimidad de las instituciones públicas —por ende, de los gobiernos—, porque en casos como la emergencia sanitaria es fundamental el apoyo ciudadano para cumplir las medidas para enfrentarla.
La OCDE subraya dos factores clave para generar confianza ciudadana: la competencia y los valores. Por competencia refiere a que ésta se genera cuando los gobiernos brindan servicios que responden a las necesidades ciudadanas, y los valores cuando los gobiernos demuestran integridad, apertura y el ejercicio del poder en aras del interés público.
En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Inegi destaca que, de 25 instituciones y actores sociales, la institución que más confianza genera es la propia familia, con el 86 por ciento. En segundo lugar, se encuentran las escuelas públicas de nivel básico con 78.1% de confianza y, en tercer lugar, las universidades públicas, que cuentan con la confianza del 77.9% de las mujeres y 80.1% de los hombres.
Es de llamar la atención que los últimos tres lugares de confianza ciudadana los ocupan las Cámaras de Diputados y Senadores, policías y partidos políticos, que rondan en porcentajes abajo del 35.3 por ciento.
Es de llamar la atención que los mexicanos tengan una mayor confianza depositada en las instituciones educativas públicas, principalmente en las de nivel básico y seguido de las de nivel superior. La escuela sigue representando entonces, la esperanza de una vida digna y cada vez mejor.
De la misma manera, es preocupante —y requiere de reflexión y acción inmediata— la crisis de legitimidad de las instituciones garantes de la seguridad pública; así como del Poder Legislativo, donde se supone que están sentados representantes populares que deberían cristalizar las necesidades y anhelos colectivos.
Como Corolario, las palabras de John Stuart Mill: “El valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen”.