27 de Mayo de 2019

Vale la pena retomar algunos señalamientos exhibidos en dicha misiva, pues, más que una renuncia, Martínez Cázares presentó una denuncia contra la Secretaría de Hacienda.

En la carta se comenta: “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. Y continúa: “Los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera de insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales, y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales no merecen ni un minuto de rebatingas de poder”.

Han empezado a circular en las redes sociales textos de médicos, de enfermeras e incluso de directores de centros de salud señalando que este problema no es exclusivo del IMSS. El impacto negativo de los recortes se ha vuelto más evidente tras la renuncia del michoacano. La disminución del presupuesto para los servicios integrales de anestesia, para los tratamientos quirúrgicos de enfermos de cáncer o el recorte al presupuesto del Hospital Infantil de México son algunos ejemplos que circularon estos días. Basta revisar la partida 25301 del PEF 2019, misma que exhibe significativas disminuciones frente al 2018, como las de Hospitales Regionales de Alta Especialidad en entidades de todo el país, así como en los Institutos Nacionales de Perinatología, Neurología, Enfermedades Respiratorias, Transplantes o Cancerología, entre otros.

El gobierno de AMLO ha insistido en que la austeridad es fundamental para el sano desempeño de la administración pública. Sin embargo, Martínez Cázares dijo que “en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”; adicionalmente, “muchos trabajadores siguen sin certeza laboral”.

Telemundo publicó que en esta administración, para el mes de febrero, se habrían despedido alrededor de 200 mil personas del sector público. Habría que saber: ¿Cuál es el costo real de esta pérdida de capital humano para los mexicanos? ¿Cuántos médicos o enfermeras menos? ¿Cuántos pacientes atendidos menos? ¿Cuántas medicinas menos al alcance de la población?

Germán Martínez levantó la voz contra las decisiones de la SHCP. Sin duda alguna, su carta ayuda al debate público, pero prevalece la confusión sobre la forma en que reaccionará el gobierno. Seguramente las diferencias con Hacienda continuarán, pues esta última mantiene su decisión irrevocable de garantizar un superávit de 1% en las finanzas públicas, que le permita pagar los nuevos programas e inversiones del Presidente, aunque ello requiera recortes en otros ámbitos.

Por estas razones, preocupa que frente a posiciones públicas diferentes, no contemos con información suficientemente clara y confiable sobre lo que ocurre en el sector salud. Escuchamos reclamos de escasez de medicinas, leemos a médicos indignados en la red, pero la SHCP nos dice que todo está bien. Basta recordar que algo similar ocurrió recientemente en el tema de incendios.

La sociedad requiere de nuevos elementos para obtener información sobre estos temas, participar en las discusiones, evaluar y exigir un mejor desempeño por parte de la autoridad. La “verificación” que tanto funcionó durante el temblor de 2017 para salvar vidas, podría hoy ser una gran herramienta. Que los ciudadanos “verifiquen” no sólo la existencia de medicinas en los centros y clínicas de salud, sino la participación de médicos, enfermeras, incluso la calidad en la provisión de los servicios puede significar una importante evolución democrática para México. Que la gente se organice y verifique información ayudará en el dialogo con el gobierno. A todos nos conviene.