28 de Mayo de 2018

Es una trágica ironía que el actual sexenio haya comenzado con la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de que México volvería a tener trenes de pasajeros —promesa cumplida menos que a medias— y que ahora termine con una ola de ataques a los convoyes de carga que circulan por el sistema ferroviario del país, como si estuviéramos en tiempos de la bola.

De acuerdo con datos oficiales recopilados por Excélsior, en el primer trimestre de este año se registraron 852 robos a trenes, casi siete veces más de los que ocurrieron en el mismo lapso de 2017.

Este diario también publicó, la semana pasada, que toma sólo 20 minutos descarrilar un tren. Y testimonios de pobladores de Guanajuato, Puebla y Veracruz, los estados más afectados por esta ola de robos, revelan el cinismo de los ladrones y la inoperancia de las autoridades, pues los productos hurtados se comercian sin pudor ni temor a enfrentar consecuencia alguna.

Un profesionista de la zona del Bajío se comunicó hace unos días conmigo para informarme que los saqueadores lo habían localizado en el lugar de su práctica para ofrecerle productos robados del tren, a un precio inferior a su valor real.

Por esos mismos días, un transportista de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo —municipio del Valle de Tulancingo y colindante con Puebla—, me relató que en ese lugar “el pueblo entero” vive del robo de combustible, cosa de la que están enteradas las autoridades, me dijo.

“Al principio yo seguía cargando gasolina en la estación de servicio, aunque me costara más cara, pero pronto comenzaron a amenazarme de que me podía pasar algo si me seguía rehusando a comprarles el huachicol”.

Ése es el México que está a punto de ir a las urnas, enojado por la impunidad que afecta su vida pública, pero en el que la ilegalidad se ha vuelto un fenómeno a la luz del día, del que toman parte ya no sólo las bandas del crimen organizado, sino incluso pueblos enteros, por donde pasan las vías del tren o los ductos de combustible.

¿Cuántas veces no hemos visto en tiempos recientes imágenes de un camión repartidor que se accidenta o sufre una avería, y salen de la nada decenas de personas, niños incluidos, para llevarse la mercancía en brazos?

Algo pasó en este país para que se extinguieran las reservas morales —o, si usted prefiere, el temor a la reprimenda social—, la barrera más efectiva contra la comisión de delitos. 

Como me dijeron tanto el profesionista del Bajío como el transportista de Cuautepec, los pobladores de esos lugares actúan sin miedo de que la policía los detenga, pero, peor aún, sin inhibiciones frente al qué dirán sus familiares y vecinos. Ante eso, ¿cuál es el plan de los candidatos a la Presidencia? No lo he escuchado.

En el mejor de los casos, presentan generalidades que difícilmente contendrán la práctica del robo que se está extendiendo. En el peor, justificaciones al hecho de que la gente se apropie de lo que no es suyo, y paliativos a base de becas pagadas con recursos públicos, que, como si no lo supieran, salen de los impuestos de quienes trabajan y quienes invierten en fuentes de empleo.

¿Qué hará el próximo gobierno cuando esos trenes dejen de circular o cuando el cierre de empresas en zonas sin seguridad deje de ser una excepción para convertirse en una norma?

Algunos han dicho que se debería amenazar a las empresas y a los bancos con expropiaciones.

¿Acaso no recordarán lo que sucedió con esas prácticas en los años 70, cuando se quiso convertir a áreas dedicadas al ganado en tierras de cultivo, como sucedió en Tamaulipas, y viceversa, como en Tabasco? Fue un fracaso estrepitoso, igual que lo es hoy en día en Venezuela.

Quiéranlo o no los señores candidatos, sépanlo o no, díganlo hoy o después del 1º de julio, no quedará sino convertir el respeto al Estado de derecho en el eje rector del próximo gobierno.

La alternativa es inviable. Ninguna sociedad puede florecer sin ley. Ya varios grupos empresariales, a los que no se puede pedir que pongan en riesgo sus inversiones, han advertido que pondrán en suspenso sus planes de expansión hasta no ver qué pasa. Y sin generación de riqueza, ¿cómo se combatirá la miseria y cómo se equilibrará la desigualdad?

Esto va más allá de los colores de la coalición que gane los comicios en menos de cinco semanas. Sus programas económicos no son lo que provocan la mayor preocupación, pues —a menos de que sean tan tercos como el mandamás de Caracas, quien conduce a su pueblo al despeñadero— la realidad global se encargará de meterlos al carril.

No, aquí estamos hablando de otra cosa: La violencia y el pillaje que ya abruman al país.